Cuando se trata el tema de la eliminación de barreras y de la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad, lo habitual es que la tendencia general sea centrarse en las barreras físicas, normalmente arquitectónicas.

No sólo esto, sino que la población en general no se para a pensar por un  momento que existan otro tipo de barreras, que las comentadas, para impedir el acceso de las personas con discapacidad a cualquiera de los servicios que ofrece la sociedad.

Pero qué ocurre cuándo estas barreras no son sólo físicas, sino que vienen impuestas por la propia dificultad del sistema para ser comprensible por toda la población; incluyendo los discapacitados psíquicos, así como las personas que por condiciones de edad no disponen en su totalidad de sus facultades cognitivas.

Hay que pensar, además, que dentro de estos colectivos y por circunstancias de su indefensión es donde más situaciones de injusticia y de abusos se pueden generar.

Para muchas personas discapacitadas el único obstáculo a superar es el producido por las barreras físicas, ya que mantienen inalteradas sus facultades mentales. ¿Pero y cuándo una persona con discapacidad psíquica precisa de servicios policiales o judiciales? En teoría facilitar esta accesibilidad debe estar previsto y estas dependencias oficiales deben contar con personal formado y competente en la atención de este tipo de personas.

Pienso que en la realidad no es así, cuando una persona discapacitada psíquica necesita denunciar abusos o interponer una demanda, lo más normal es que para que esta acción sea plenamente eficaz debe tener una persona que le facilite los trámites y que pueda resolver en su nombre las situaciones que se le puedan ir planteando.

El conseguir esta accesibilidad real debe ser tan importante, sino más, que la eliminación de las barreras físicas en los espacios públicos. Tanto las sedes judiciales como policiales deben contar con personal especializado para atender a estas personas que por sus especiales características tienen una dificultad añadida para la gestión, del tipo que esta sea, en el organismo oficial que corresponda.

Por tanto, con la accesibilidad, queda mucho trabajo por hacer, no sólo en el aspecto de barreras físicas, donde existen multitud de normativas que en muchas ocasiones se parchean para conseguir los permisos sin ser absolutamente operativas. Sino que también en cuanto a dotar a las dependencias públicas de personal formado y cualificado para la atención a las personas que, como fruto de su discapacidad, tienen muchas más dificultades para hacer trámites que la población en general.

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